Economía & finanzas

Julio no sólo trajo los días más fríos en 20 años sino que puso en evidencia la fragilidad del sistema político-económico frente a presiones de los gremios organizados. El séptimo mes del año ha presenciado la discusión de dos proyectos de ley referentes a los impuestos a los combustibles.
La primera de éstas fue la discusión acerca del mecanismo de reintegro del Impuesto Específico al Diésel (IED) a las empresas del sector de transporte de carga; en palabras simples, la discusión acerca de qué porcentaje del impuesto específico que pagan los camioneros se les devuelve sólo por el hecho de ser camioneros. La segunda, la discusión acerca del nuevo mecanismo de estabilización de precios de combustibles para el resto de los mortales.
Más allá del análisis económico de la conveniencia de que exista un sistema de estabilización de precios  reconociendo que cualquier sistema de estabilización tiene un costo que a través de este proyecto de ley pasa de ser pagado por el fisco a ser pagado por los consumidores a través de un alza en el precio de los combustibles– y de si los consumidores están en realidad dispuestos a pagar por esto, quiero referirme en esta ocasión a las diferencias en el trato a uno y otro consumidor. Los camioneros versus el resto.

El proyecto de ley del nuevo sistema de estabilización de precios de los combustibles dedica varias páginas a fundamentar la iniciativa. La razón básica, más que fundada en las circunstancias actuales, es la necesidad de austeridad fiscal (página 6 del proyecto de ley). Para ello, el proyecto busca en su primera parte reducir el costo fiscal del fondo de estabilización y en la segunda traspasa el 100% de ese costo a los consumidores. Adicionalmente, protege la existencia y monto del impuesto específico a los combustibles. De acuerdo a lo que textualmente dice el proyecto de ley, el “Gobierno considera que ese impuesto específico cumple un rol necesario, al ayudar a atenuar externalidades negativas asociadas en su mayor parte al transporte que utiliza estos combustibles, como son aquellas referidas a contaminación, congestión, accidentes, daño a la infraestructura, emisiones de CO2 y ruido”.
¿Dónde están los peros? El primer gran pero se basa en que mientras los consumidores de gasolinas pagamos un impuesto de 6 UTM por m3, los camioneros que consumen diésel sólo pagan 1,5 UTM por m3. La razón: ¡ninguna!, sólo el haber cedido históricamente a las presiones gremialistas de los camioneros, que sabemos pueden parar el país con muy poco esfuerzo. Nadie podría decir que los camiones, a través del uso del diésel, causan las mismas o mayores externalidades que otros usuarios de diésel y gasolinas, causan igual o más contaminación, más o igual congestión, más o igual accidentes, etc. Entonces, definitivamente, no tiene ninguna justificación económica la diferencia en el impuesto.
El segundo gran pero tiene que ver con la reconocida necesidad de austeridad fiscal y falta de recursos para financiar la reconstrucción. ¿No es inconsistente estar votando dos proyectos, uno para devolverle los impuestos a un gremio y el otro para traspasar los costos de los sistemas de estabilización al resto de los consumidores? Ambos proyectos de ley están hoy en el Congreso. ¿Votarán nuestros parlamentariosen conciencia o una vez más, y como siempre, cederán a las presiones del gremio de los camioneros? Evaluemos nosotros mismos por qué opción votó cada uno de los senadores y diputados y empecemos a anotar aquellos que no son capaces de votar en conciencia.