Economía & finanzas

Los costos del terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado son incalculables. Sin considerar la pérdida de invaluables vidas humanas, el gobierno ha estimado que las pérdidas ascienden a aproximadamente US$ 30 mil millones. Estos se componen de US$ 8 mil millones de pérdida de producción que no se realizó por la merma de infraestructura; US$ 1,1 mil millones de costos de la emergencia, que incluyen alimentación y otros bienes entregados a los afectados, más el retiro de escombros, entre otros; y US$ 20,9 mil millones de pérdida de infraestructura neta, de los cuales US$ 10,6 mil millones corresponden a falta de infraestructura pública, de los cuales existen seguros por US$ 1,3 mil millones (neto US$ 9,3 mil millones) y US$ 10,4 mil millones a pérdida de infraestructura privada, de los cuales existen seguros por US$ 3,7 mil millones (pérdida neta US$ 6,7 mil millones).
De la maraña de números anteriores, que por cierto para una economía como la nuestra son gigantescos, cabe destacar que el gobierno debe financiar la reconstrucción de su infraestructura, esto es, financiar la pérdida de estos US$ 9,3 mil millones.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, US$ 730 millones se financiarán con la reasignación de recursos al interior del gobierno, US$ 150 millones se recaudarán a través de la nueva Ley de Donaciones actualmente en el Congreso, US$ 1.000 millones provendrían de la emisión de deuda interna y externa, y aproximadamente US$ 3 mil millones provendrían de mayores impuestos (US$ 990 millones del alza en los impuestos al tabaco, US$ 281 millones de la subida en las contribuciones a las propiedades de mayor avalúo fiscal –que hasta ahora no se ha dilucidado si es o no inconstitucional–, US$ 700 millones provenientes del mayor royalty a la minería y US$ 1.260 millones del incremento a la renta de las empresas de mayor tamaño).
No podemos negar que buscar fuentes de financiamiento para lo que resta del programa de reconstrucción no era nada fácil. Tampoco se puede negar que al incrementar los impuestos lo que el gobierno ha hecho es bajar la presión sobre el tipo de cambio, permitiendo que este no caiga tanto, afectando las exportaciones. Pero, ¿era esta la única o la mejor forma? Más allá del compromiso que nos genera la reconstrucción de nuestro país, es importante que la forma en que la financiemos sea eficiente. En primer lugar, subir los impuestos en forma discriminatoria, a unos sí y a otros no, es desde cualquier punto de vista una mala idea. Recordemos que el objetivo de los impuestos es recaudar de la manera más eficiente posible, y la forma más eficiente es con un impuesto parejo para todos, que no distorsione los precios y, por tanto, las decisiones de los inversionistas.
Una vez que se logra recaudar, entonces se redistribuye. Aquí es donde se debe focalizar, no en la recaudación.
En segundo lugar, subir la recaudación se puede hacer incrementando la tasa o incrementando la base, o sea, a través de hacer crecer el PIB, y todos los que hemos estudiado economía sabemos que subir los impuestos es justamente una forma de inhibir un mayor crecimiento económico. Sólo considerando las dos reflexiones anteriores, es claro que subir la tasa de impuestos a algunos no era la única alternativa, y probablemente tampoco la mejor opción desde el punto de vista de la eficiencia económica. Si no fue la eficiencia económica, entonces, ¿cuál habrá sido el móvil? Esa es harina de otro costal.